Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2024

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, lamentó hoy en el Parlamento gallego el afán recaudador -con la fijación de nuevos impuestos- del Gobierno central en el ámbito de la gestión de residuos y el impacto negativo que esas decisiones tienen en las cuentas de los ayuntamientos, de los ciudadanos y de las empresas encargadas de la gestión de la basura.

La responsable autonómica recordó que a los impuestos aprobados en 2023 se añadirá a partir de 10 de abril del próximo año a deber de que las entidades locales establezcan una tasa diferenciada, específica y no deficitaria para los servicios de gestión de residuos que tienda hacia el pagado por generación.

Ángeles Vázquez denunció que esta nueva imposición del Gobierno central -incluida en la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular- puede tensar aun más las cuentas de las entidades locales y los bolsillos de los ciudadanos, una medida que no se justifica en el cumplimiento de la directiva europea de residuos, que no obliga a los estados a establecer tasas de basura específicas.

La conselleira incidió en que el Ejecutivo central impone esta medida alentado por su afán recaudador y no por imposición de Bruselas, por lo que censuró que se pretenda responsabilizar de la subida de las tasas municipales a la subida del canon de Sogama, cuando se trata de una consecuencia de las políticas fiscales del Gobierno central.

En esta línea, recordó que, frente a esa constante creación de impuestos nuevos, la Xunta está trabajando para suavizar el impacto dieras tributos en las cuentas de los ayuntamientos y de los ciudadanos asumiendo, por ejemplo, el 60% de la actualización del canon de Sogama para 2025. De hecho, la subida del canon se debió a una situación insostenible derivada de medidas como el nuevo impuesto estatal sobre el vertido y la valorización, la orden ministerial que elimina la retribución a las plantas termoeléctricas o el impuesto estatal de producción de energía, que encarecieron el coste de la gestión de los residuos en cerca de 40 euros por tonelada.

De hecho, este aumento de los costes se debe a la aplicación de unas medidas que tampoco se justifican por las directrices europeas sobre la gestión de residuos. Impuestos como el fijado para la valorización de los desechos e implantado por el Gobierno central no se aplica en 18 países de la Unión Europea porque lo consideran ineficiente e improductivo.

Expediente europeo

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático aseguró que el Gobierno central no es ejemplo de buena gestión en este ámbito ni modelo a seguir, como demuestra el hecho de que Bruselas abriera recientemente un expediente de infracción al Reino de España en la materia por no cumplir los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales. En este sentido, el procedimiento de infracción se refiere a incumplimientos en la consecución de objetivos fijados en la directiva europea encaminados a dar una segunda vida a distintos residuos y promover una economía circular. 

Ángeles Vázquez incidió en que las políticas del Gobierno central, basadas en la subida de impuestos y de la recaudación, generan desconfianza entre la ciudadanía y carga toda la responsabilidad, incluidos sus errores, sobre ella. De hecho, la representante autonómica destacó que, en contraposición al Ejecutivo central, la Xunta apuesta por apoyar a los ayuntamientos e incentivar la concienciación para que el conjunto de la sociedad avance de manera paulatina en su compromiso con el reciclaje, con la reducción de la basura y con la reutilización de aquellos cuando es posible.