Santiago de Compostela, 14 de enero de 2023

La Xunta subraya que el anteproyecto legislativo que impulsa el Gobierno central para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y del urbanismo recoge y asume los principios fundamentales que inspiraron el Manifiesto urbanístico impulsado el año pasado por Galicia y que fue suscrito por 13 comunidades y las dos ciudades autónomas, además de otras administraciones públicas y de colectivos profesionales ligados a este ámbito.

El texto normativo por el que se modifica la Ley del suelo y rehabilitación urbano estatal responde a una vieja demanda del Gobierno gallego. Por este motivo, la Xunta valora su oportunidad teniendo en cuenta que en los últimos años la anulación de planeamientos urbanísticos municipales se convirtió en un problema estructural en todas las comunidades y urge su aprobación para ofrecer una solución eficaz y definitiva lo antes posible.

De hecho, hace falta recordar que el Gobierno gallego fue el primero en advertir, ya en el año 2017, de las nefastas repercusiones de la declaración de nulidad de pleno derecho de un plan general o de cualquier otro instrumento urbanístico sin opción a que la Administración local afectada pueda corregir los defectos detectados.

Por eso, propuso impulsar un Pacto nacional por la seguridad jurídica del urbanismo en todo el país y mantuvo numerosos contactos en los últimos años tanto con el Gobierno central como con otros gobiernos autonómicos para avanzar en esa dirección.

Sus esfuerzos se concretaron el año pasado en la celebración en Santiago de Compostela del Encuentro autonómico Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable, en el marco del cual se acordó impulsar el Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico, avalado por la mayor parte de las comunidades autónomas y que le fue trasladado al Gobierno central a finales del pasado mes de septiembre.

En este sentido, la Xunta valora muy positivamente la iniciativa legislativa que está tramitando ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que comparte el planteamiento y algunas de las propuestas recogidas en el referido Manifiesto.

En todo caso, en el marco del trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley que finalizó estos días, hace falta subrayar que la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo presentó dos alegatos con el fin de enriquecer su contenido. En concreto, la primera de estas aportaciones se refiere a la exclusión de la regla del silencio administrativo en el caso de la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, una excepción que la Xunta propone extender a todas las obras de edificación de nueva planta con el fin de agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

Asimismo, la segunda aportación realizada por Galicia al anteproyecto tiene que ver con la creación de una plataforma para agilizar la emisión de informes sectoriales. Si bien la Xunta considera que esta medida novedosa puede ser positiva y útil, sugiere que se refuerce también con otros cambios relativos a la unificación de la gestión de estos informes, algo que, en el caso gallego, ya se están aplicando y con una demostrada efectividad.